Cuando ya se han olvidado los orígenes de esta crisis, amnistiado a los responsables y borrada de la memoria la infinidad de artículos de opinión sobre la estrategia que se ha de seguir cuando el capitalismo salvaje se muestra enemigo de los ciudadanos al campar libre, sin control por parte de los gobiernos, hay unanimidad en el camino a seguir: que paguen las víctimas.
Nadie habla ya de alternativas de reforma del sistema para que la economía especulativa no vuelva a producir otra estafa similar. El intervencionismo vuelve a ser antidemocrático. Los especialistas en la materia hablan de arrimar el hombro, cuando quieren decir abolir derechos de unos, sólo de unos. Ya he escuchado hasta la saciedad la necesidad del cambio en el mercado laboral. Ya saben, la matemática no falla y hay que abaratar el despido, flexibilizar la contratación, cerrar el INEM para dejar paso a los intermediarios de la contratación y prolongar la edad de jubilación. Bien, está claro que, por un lado, se renuncia a todas las conquistas sindicales que han costado muchos muertos y mucha cárcel. Ni siquiera se plantean como cesiones temporales hasta que escampe, sino como reformas estructurales profundas para el normal funcionamiento del engranaje y el aumento de la productividad. ¡Qué bonito! ¿Y por el otro? ¿Cuáles son las contrapartidas que aporta el otro interlocutor? El que contrata no ve reformas necesarias en su sector. Ni siquiera cuando el representante del gremio deja de pagar a sus empleados, a la Seguridad Social y, si se tercia, a dios bendito. En definitivas cuentas, una vez pasado el tsunami, se reagrupan las fuerzas y se preparan para la carga final.

A finales de los años noventa hubo un acto multitudinario en homenaje a Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA. En él, Raimon y José Sacristán fueron abucheados durante su intervención por una parte del distinguido público que dejaba clara una cuestión: “No queremos rojos aquí”. Más bochornosa que la actitud de ese público fue lo que manifestaron los líderes de nuestro democrático centro, anfitriones del evento, al apelar a la libertad de expresión para justificar la reacción visceral de sus afines e incondicionales votantes, sin tener en cuenta la naturaleza de la convocatoria. Se barruntaba lo que hoy es un hecho vergonzoso: la utilización de la sangre de las víctimas del terrorismo como arma arrojadiza contra el rival.
Sin embargo, el señor Aznar, que defendía eso de la libertad de expresión del disidente, tornó en llamar “perros que ladran su rencor por las esquinas” a los que se manifestaban más tarde contra la declaración de guerra a Irak y las consecuencias del hundimiento del Prestige. Siendo presidente fue declarado persona non grata por la Universidad Autónoma de Barcelona porque la policía apaleó brutalmente a estudiantes que protestaban por su visita. Algo hemos mejorado. Hace un par de días se tuvo que conformar con sacar el famoso dedo a los estudiantes que protestaban en Oviedo: no podía machacarles. Ya no corre la sangre por el campus. Para ser el líder ideológico de su partido como presidente de la FAES, no está nada mal. Su colega rubia que llama “hijos de puta” a los compañeros de partido que considera rivales estará encantada. Sus hagiógrafos y votantes, también. Marca un estilo, lo que se llama una tendencia. Hacia allí nos llevan.

Algunas voces de la oposición piden elecciones anticipadas. Aseguran que no les mueve el ansia de poder. En el caso de Esperanza Aguirre será que quiere limpiar el partido de “hijos de…”, que dios la ayude aunque, con lo exigente que es con los demás, se puede quedar sola. Sólo les mueve, dicen, la idea de devolver España a la primera división, allí donde la dejó Aznar, líder intelectual de nuestro democrático centro que, a su vez, clama desde Israel por la unidad de judíos y cristianos para iniciar un “levantamiento” contra el Islam. Siempre apostando por la paz.

Las épocas de crisis dan paso a los movimientos más siniestros en la Historia. Los fascistas y los nazis aparecieron en circunstancias parecidas. Hace poco tuvimos aquí una revuelta general de la derecha católica capitalizada por el PP contra los inmigrantes. Se pedían inspecciones selectivas de sus negocios y medidas de excepción alegando que no cabíamos todos, o sea, que había que echarles. González Pons estuvo enternecedor a los pocos días exigiendo respeto a Zapatero en TVE para el inmigrante soldado que murió en Afganistán.

No estaría mal que también se les tuviera respeto en vida, a ellos y a sus familias, en lugar de ponerlos a los pies de los caballos aquí y de las bombas allí. Cinismo y crueldad. La fórmula, según Rajoy: recorte del gasto público, ya saben lo que significa; abaratamiento del despido para fomentar el empleo, tela; y, sorprendente, sustituir el INEM por empresas privadas de colocación. El que tenga amigos que trabajan a través de este tipo de empresas que se entere de lo que se llevan de sueldo. Lo tienen claro, allá cada uno.

El Gobierno propone prolongar la edad de jubilación como una conclusión irrefutable por la consecuencia matemática que acarrea el aumento de la cifra de la esperanza de vida. Se pretende así desvincular la medida de toda contaminación ideológica. Hablando de ideología, no he escuchado ninguna propuesta de reforma para el sector empresarial, y no digamos el financiero especulativo, responsable de todo este quebranto que podría repetirse, desde que comenzó la crisis: todas van hacia el recorte de los derechos de los trabajadores.
Estas medidas son las mismas que se intentan aplicar desde los sectores de la derecha también en época de bonanza económica. Corresponden a una forma de entender la vida, y pretender que hay que aparcar el debate político para entrar de lleno en las soluciones incuestionables es una falacia.
El profesor Vicenç Navarro ya advertía de que el incremento de la esperanza de vida se iba a utilizar como pretexto para prolongar la edad de jubilación. El hecho de que ese dato haya pasado de 76 a 80 años no implica que se viva cuatro años más de media, puesto que no se está teniendo en cuenta la enorme disminución en la mortandad infantil, haciendo pasar por incuestionable un dato que no lo es. Tampoco que la productividad, según el cálculo nada sospechoso del Banco de España, hará que en 2060 el PIB sea 2,25 veces superior al actual, con lo que habrá mucho más dinero para las pensiones. Para remate, los empresarios, acérrimos defensores de la medida, aplican sistemáticamente planes de jubilación anticipada en sus empresas para sanear sus cuentas a costa del gasto público. ¿En qué quedamos?

Con el terremoto de Haití se ha desatado la ola de solidaridad y comprensión con los desfavorecidos que caracteriza a los españoles. Nos unimos ante las grandes tragedias. Todos los ciudadanos, sea cual sea su ideología o creencia religiosa, manifiestan su indignación por la pobreza en la que vive aquella gente. A ningún político se le ha ocurrido salir a la palestra para decir que cada palo aguante su vela. No, por ahí se delata la crueldad y la masa electoral no entra. Sin embargo aquí, por la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales, se convoca una caza contra los inmigrantes. El presidente de la PIMEC vincula la inmigración con la seguridad ciudadana; el PP, por boca de Alberto Fernández Díaz, pide un plan de inspección de comercios de inmigrantes; Trillo pide reformar la ley para evitar reincidentes; Esperanza Aguirre apoya al edil de Torrejón que limita el empadronamiento; Alicia Sánchez Camacho –candidata por el PP en Catalunya– basará su campaña en el paro, la seguridad y la inmigración y asegura que este eje puede convertir al PPC en partido de Gobierno. Su eslogan: “No cabemos todos”. Se ha levantado la veda: ser xenófobo no es pecado, es defensa propia. El subtexto es: nos quitan el trabajo y el pan. El daño que están haciendo con estos planteamientos xenófobos es terrible y quién sabe si irreversible.

Señores demócratas de centro, constitucionalistas y católicos: esos a los que señalan con el dedo como delincuentes usurpadores son los mismos que intentan salir de debajo de las piedras en Haití. Son los mismos. No edifiquen su poder sobre montañas de muertos de hambre.

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Que todos los diarios de Catalunya saquen un artículo editorial común, sean de izquierdas o de derechas, constituye un acontecimiento histórico y una prueba de unidad de criterio frente a lo esencial, impensable aquí, en el feudo de los que se hacen llamar “de centro”. Allí no tienen las cabeceras y las emisoras de radio de agitación y difamación permanentes que crean bandos irreconciliables. Esas que buscan al autor intelectual de 11-M por aquí cerca, como señalaba Aznar, que llevan a las portadas los ayuntamientos donde no ondea la Gloriosa Enseña Nacional, que llaman Auschwitz al Hospital Severo Ochoa a mayor gloria de su lideresa y que cifran sin rubor en millones los asistentes a manifestaciones, cuando son decenas de miles.
A las pocas horas había una respuesta. El tono, como era de esperar, había variado. Al artículo editorial unitario, escrito en un estilo impecable, contesta la España Una a su manera: “Es imposible decir más falsedades con peor intención en menos espacio”.

Esta pelea de hooligans les va bien a “los del centro”. Allí no tienen nada que hacer, y enfrentando al resto de los españoles con catalanes y vascos aumentan sus votos. Cuando Aznar llegó a la Moncloa los grupos independentistas eran casi residuales: durante su Presidencia llegaron a formar parte de gobiernos autonómicos. Un dato interesante.
El golpe más duro se lo llevan los catalanes que quieren seguir siendo españoles. Los otros, lo tienen claro desde hace mucho. Esta derecha tan cavernícola te hace independentista sin desearlo, cualquiera cambiaría lo que se pierde por lo que se quita uno de encima. Un mundo sin ellos: ¡qué bendición!

Estos días estoy escuchando un argumento para justificar la protesta de la reforma de la Ley del Aborto que me deja atónito. Se empeñan en que la ley prohíbe la comunicación entre las menores que quieren abortar y sus padres. Tal estupidez sólo define al que la pronuncia. No hay, ni podría haber, una ley que prohíba a los hijos hablar con sus padres. Lo que ocurre es que hay niñas que no pueden hablar con sus padres de algunos temas. Sus motivos tendrán.

Visto el perfil de los manifestantes uno se imagina cuál sería la postura de esos padres si su hija les comentara que se ha quedado embarazada y desea abortar. Afirman estar radicalmente en contra del aborto, práctica que consideran un asesinato, un negocio repugnante y una carnicería que comparan con el holocausto judío. No es fácil la posición de la menor que haya decidido abortar en ese entorno familiar. Si los papás le van a decir todo eso a la niña y, además, es necesario su consentimiento para interrumpir el embarazo, la criatura se puede dar por madre antes de abrir la boca. Esos padres están convencidos de que si la chica no tiene la obligación de hacerlo, no les consultará. Ese es su problema, su gran problema, su gran frustración.

Yo, sin embargo, creo que mis hijas me contarían su embarazo llegado el caso. Por eso, esta ley no me quita el sueño y me quedé en casa en lugar de participar en la gran gala de Telemadrid. Tampoco me lo quita la ley de matrimonio homosexual. ¿Qué tipo de fe tienen en su prole cuando piensan que si se les ofrece la oportunidad sus hijas se harán abortistas lésbicas? A mí, que ya tengo 54 años, también me daría miedo comentárselo.

Tras una etapa de silencio en la que el líder de los populares, don Mariano Rajoy, centrista, moderado, renovador y representante de los liberales alejados del franquismo, ha actuado como si estuviera de baja por maternidad, ajeno al mundanal ruido, en un paraíso multicolor donde el olor a suavizante, las mariposas gigantes y los unicornios rosas impidieran la entrada a la tóxica y prosaica realidad, por fin, el líder que promete llevar de nuevo a España por la ruta de la espiritualidad hacia las cumbres desde donde se divisan los legados del imperio, rompió a hablar.

Para sorpresa de propios y extraños, don Mariano sale a la palestra sólo para quejarse de que la Ley, la Justicia, la Policía, y demás servidores del Estado se empleen también en perseguir a los delincuentes liberales. Denuncia que obedecen órdenes del Gobierno. Pero eso, aunque fuera cierto e importante, no justifica que se concedan contratos a determinadas empresas, siempre las mismas, se cobren comisiones a cambio, y se troceen las facturas para no tener que pasar por control alguno, delinquiendo en las adjudicaciones.

En efecto, señor Rajoy, el sistema persigue a los delincuentes y aún debería ser más contundente con los cómplices, los encubridores, y los que se empeñan en desprestigiar el sistema democrático justificando el latrocinio generalizado que sólo conduce a la toma del poder por salvapatrias que harían innecesario ese trámite tan engorroso y absurdo que supone convocar elecciones cada dos por tres, y entonces sí, los Bigotes, Correas, Camps y usted mismo pasarían a ser, oficialmente, prohombres de la Patria, dándolo todo por ella. Como en los buenos tiempos.