La reforma laboral no tiene que ver con la solución de la crisis, es una demanda que los empresarios vienen reclamando desde que tengo memoria. No se trata de una reforma coyuntural sino irreversible, se mantendrá cuando la economía mejore, responde a un modelo ideológico, no de gobierno, viene para quedarse.
Como Agapito, el célebre puntillero de Las Ventas, aguardaban cuchillo en ristre que los ciudadanos con su voto les dejaran manos libres.

Estas acciones recuerdan los saqueos que se producen en las tiendas durante los disturbios de las grandes ciudades. Están entrando a saco a por los derechos de los trabajadores con la mentira mil veces repetida de que la rigidez del mercado laboral impide el desarrollo de la economía, cuando vivimos en un mundo donde casi nadie puede hacerse un proyecto de vida, precisamente, por la inseguridad laboral y la precariedad de los contratos que no garantizan estabilidad alguna. Con la coartada de los cinco millones de parados se abarata y facilita el despido, y se permite rebajar las condiciones del que trabaja.

Dice el presidente de la CEOE que este no es un traje a su medida. Debe ser que el Gobierno se ha olvidado del pasador de corbata. Tal vez debería incluir como última medida al servicio de los ciudadanos la libre circulación de capitales hacia paraísos fiscales, eso daría alegría al mercado y de las migajas del banquete podrían comer algunos españoles agradecidos. El trabajo, por fin, dejará de ser un derecho para convertirse en un acto de altruista y caritativo amor patrio.

Tal y como prometió Gallardón al dejar los mecanismos de control de la Justicia en manos de los jueces, la despolitización ha comenzado.

Ahora toca presidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y la terna escogida formada por Javier Gómez Bermúdez, Fernando Grande-Marlaska y Teresa Palacios carece de ideología. Su talante apolítico se evidencia en las declaraciones de Teresa Palacios cuando llevaba el caso Gescartera, aquella estafa que incluía a un secretario de Estado y a la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La jueza contestando a un medio de comunicación, hay que aclarar que no se trataba de una revista de humor, decía: “Se equivocan los que quieran ver en este caso un nuevo Filesa. Por lo pronto, el PP ha organizado una comisión de investigación en el Parlamento, algo que no llevó a cabo el PSOE en todo el tiempo que se le acusó de corrupción política y económica, y eso es un punto que hay que reconocerle al Gobierno”. Todavía recuerdo aquella farsa que llamaron comisión; fue un insulto a la ciudadanía. El PSOE corrupto, el PP azote de la corrupción: neutralidad.

Los tres intervinieron en el caso del Yak-42 donde murieron 62 militares víctimas de una estafa donde desaparecía el dinero destinado a contratar aviones para sus desplazamientos.

En ambos casos la pasta desapareció y la cosa quedó en nada. Los altos cargos se fueron de rositas y se rechazaron pruebas y testigos que esclarecían los hechos. Ahora ascienden. La Justicia apolítica está de enhorabuena.

Gallardón entrega la Justicia a la Asociación Profesional de la Magistratura, cuyos miembros se llaman a sí mismos conservadores, ni siquiera liberales como Aznar, Aguirre o Cospedal. Al ser mayoritaria, copará los puestos del control judicial. Esta acción, que priva a la ciudadanía de un mínimo control sobre el Poder Judicial, demuestra que decían la verdad cuando afirmaban que la renovación de la cúpula de la judicatura no era posible por la intransigencia del PSOE. Ahora está todo bien atado, nos ahorraremos debates estériles.

La decisión se toma, dice el ministro, para despolitizar la Justicia (¿estaba politizada?) del mismo modo que Educación para la Ciudadanía se suprime para evitar el adoctrinamiento de los escolares, mientras se prima con dinero público a colegios que pertenecen a sectas religiosas ultras, alguna de las cuales tienen como fundador a un pederasta que violaba a su propios hijos, y a la que pertenecen destacados miembros del partido del Gobierno.

Que los jueces son apolíticos, como dice el ministro, queda demostrado en la asesoría que prestan al corregir los escritos de Manos Limpias y así poder procesar a su compañero Garzón condenado a 11 años de inhabilitación . ¿Cabe mayor neutralidad?

El mismo ministro que nos condena a un método que no contempla una sociedad plural, abre una polémica inútil al expresar, ahora, su opinión personal acerca del recurso de constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. Lo tiene fácil, si cree que nada en una pecera de fachas, que se vaya a otro sitio. ¿O juega al policía bueno?

Cuando Dolores de Cospedal afirma que la imparcialidad en RTVE es mejorable tiene razón, todo es susceptible de mejora, incluso, me atrevería a decir, la presidenta de Castilla-La Mancha: roza la perfección en su hieratismo demagógico cuando proclama que el PP es el partido de los trabajadores, se pregunta en público quién repondrá la honorabilidad de Camps, o reclama austeridad en los salarios públicos, rebajando los sueldos de los funcionarios mientras sube el de sus asesores, cobrando ella misma el triple que el presidente del Gobierno anterior.

Aun así, cabría imaginar una pequeña mejora en su arrogancia despectiva y chulesca, pero donde mi imaginación no llega a percibir grado de perfección alguno es en la “parcialidad” y el saqueo de las arcas de los medios públicos allí donde gobiernan ella y sus compañeros. Recientemente nos hemos enterado de la compra de documentales de contenido político difamatorios de extrema derecha “imparcial”, alguno realizado por un personaje que se declara fascista seguidor de Mussolini. La productora comparte domicilio social con un alto cargo de Canal 9, y se pagó un precio injustificable dentro, es de suponer, de esa política de austeridad en los medios de comunicación públicos que dicen estar llevando a cabo.

Documentales que, en algún caso, para mayor escarnio, ya habían sido emitidos por Interecomía TV, cadena que recientemente entrevistó a Camps, quien manifestó su admiración por ese medio del que decía ser un asiduo seguidor. Por lo visto, su canal, Canal 9, no lo ve ni él. No le debe resultar del todo imparcial.

La salida al ruedo del ministro de Educación con motivo de la supresión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, ha sido una muestra más del sectarismo y revanchismo imperantes en el PP y aledaños, como los recortes de Gallardón en los derechos de las mujeres para abortar, la restricción de la voluntad popular en el control del Poder Judicial, o la vía de limitación al acceso a la píldora del día después, en ese nauseabundo afán de limitar la libertad de los que son como ellos.

A pesar de que la jerarquía eclesiástica se ha comportado como un agente civil que llamaba constantemente a la rebelión contra leyes que nos dábamos los ciudadanos, nadie puede decir que en España un solo ciudadano haya tenido problemas para bautizar a un hijo, recibir la comunión o casarse en una iglesia.

Las mentiras del señor Wert en la Cadena Ser tienen un especial tono siniestro porque denotan un profundo desprecio por sus compañeros de programa al aportar como único argumento para eliminar la asignatura citas de un “libro de texto” que no es tal y que utiliza habitualmente la extrema derecha en sus patrañas.

Lejos de disculparse con los ciudadanos que nunca votaremos a gente de esta ralea, defiende no haber dicho que las citas pertenecieran a un libro de texto. Claro, también podría haber leído párrafos del marqués de Sade o de Camino, de monseñor Escrivá. Creo que no es mucho pedir al ministro que se vaya a su casa ya que con su insulto a la inteligencia de la ciudadanía manifiesta una absoluta carencia de educación exigible, especialmente, al ministro del ramo.

Lo paradójico de la absolución de Camps es que en su inocencia no cree ni él. Tampoco los suyos, de ahí que su rehabilitación política no sea inmediata, como correspondería a un presidente apartado de forma temporal, tras demostrarse su inocencia y, sobre todo, si como afirman los puntos en los que se basa la resolución absolutoria del jurado, ha sido víctima de una trama por parte de policías, fiscales y jueces dirigida nada menos que por el sastre José Tomás, ese al que Trillo ponía en duda porque no tenía título que avalara su condición de sastre que, como todo el mundo sabe, cualifica y pondera el testimonio de cualquier testigo.

Esta trama urdida por el sastre que le ha valido a Camps la absolución, produciría alborozo y risión si no fuera porque de nuevo pone en tela de juicio, y valga la redundancia, ya que de sastres y Justicia hablamos, la capacidad del sistema para resolver lo evidente y la indefensión en la que quedamos los ciudadanos ante el disparate de reacciones absurdas que este esperpento ha generado en nuestros próceres, que no parecen haberse sorprendido ni indignado con lo que se ha escuchado en las sesiones del juicio, más bien al contrario, han celebrado la absolución como si los acusados hubieran sido rescatados de entre los escombros tras un terremoto.

Mala pedagogía para los ciudadanos y legitimación por parte de la clase dirigente de la derecha española de aquella escuela que nació, precisamente, en la Comunidad Valenciana, que definía la política como una extraordinaria oportunidad para forrarse.

La reacción de algunos líderes del PP ante la sentencia de Camps delata su sentido ético: se definen más cerca del latrocino que de la honradez. Se pregunta Dolores de Cospedal: “¿Quién repondrá la honorabilidad de Camps y Costa?”. Esa tarea es imposible después de lo visto y oído durante el juicio, pero cabe presumir que a esta señora la cohabitación de los altos cargos de la Administración con presuntos delincuentes encarcelados que, presuntamente, roban las arcas públicas, certifica la honorabilidad. Otra cuestión es que un jurado popular decida por un solo voto que no se ha podido probar la existencia de regalos que los acusados, por otra parte, agradecen con un entusiasmo en lo afectivo propio de enamorados.

Vivimos tiempos de júbilo para los afines a la ideología de los absueltos, y de desánimo para los demás, como si el dinero que sustraen los corruptos fuera sólo de los que no les votan. Cabe preguntar a doña Dolores, siguiendo el estilo del presidente de la nación, que siempre ha estado en comunicación con Camps y nunca, por lo visto, ha dudado de su inocencia (a diferencia del propio acusado que redactó un documento declarándose culpable que decidió no entregar en el último momento): ¿quién repondrá la honorabilidad a los testigos que han pasado por la sala aportando inequívocas pruebas de culpabilidad de los acusados? Y, por último: ¿quién repondrá el caviar en la despensa de los absueltos? El negocio es rentable.

Camps se declara feliz como militante del PP: es el partido que le corresponde, ahí está entre los de su condición, le comprenden y le respetan.

Con motivo del paso de Garzón por el banquillo se ha insistido mucho, por parte de los que se alegran con su procesamiento, en que nadie está por encima de la ley pero, en mi opinión, deberían, como estoy haciendo yo ahora, haber usado el condicional. A los que no somos expertos en leyes nos descorazona que delitos flagrantes queden sin reparación por cuestión de forma o prescripción y, también, la levedad con la que muchos magistrados tratan a los delincuentes de guante blanco, a pesar del quebranto social que causan sus vilezas.

Al señor Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE –que tiene varios pleitos pendientes por trincar presuntamente–, le sale un nuevo caso por embolsarse los depósitos que abonaban los viajeros en sus agencias a modo de señal.

También se ha identificado al hasta hace poco presidente de la patronal de Alicante, Rafael Martínez Berna, como uno de los que operaban con la trama Gürtel, ya saben, esa trampa que le organizó Garzón al PP, partido al que don Rafael abonó, presuntamente, 200.000 euros.

Estos señores representaban a la cúpula del poder económico y su organización, avalista de Rajoy y agente social, se proponen como impulsores de las soluciones que arreglarán la vida de los ciudadanos ahora que la política, dicen, ya no tiene sentido.

Exigen una drástica reforma laboral y se quejan del daño que hacen los sindicatos. No proponen ningún recorte para sí mismos y, desde luego, no inspiran esa confianza que Rajoy decía traer debajo del brazo. En todo caso, inspirarían a Francis Ford Coppola si tuviera que hacer una cuarta entrega.

La Historia la escribe el vencedor.

Algunos piensan que Montoro hace un brindis al sol o que ha caído en un grave estado de enajenación al proclamar que se perseguirá judicialmente al que gaste más allá de lo presupuestado, criterio aplaudido por sus compañeros, que nos llevaría a concluir que el delirio es colectivo. Aparece el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, pidiendo que la medida sea retroactiva, lo que llevaría a encarcelar a la mayoría de las cabezas visibles de su partido, algunas de las cuales ostentan cargos en la dirección de las principales empresas del país, previamente privatizadas para mejorar su gestión. Uno debería sufrir por solidaridad con las familias de estos señores que soportan el deterioro en proximidad, ahora que sus recortes hacen cada vez más difícil el ingreso en instituciones públicas donde podrían atajar esa degeneración progresiva cuando parece encontrarse en un estadio precoz.

Sin embargo, todo parece indicar que estamos, simplemente, ante otro caso de jeta extrema, como la que ostenta Francisco Camps con esa sonrisa displicente al escuchar su propia voz durante el juicio de los trajes, en conversaciones que harían sonrojar al mismo Hannibal Lecter.

Cristóbal Montoro no es idiota, sólo quiere dejar constancia, de cara al futuro, de que fueron ellos los que persiguieron un despilfarro y una corrupción generalizados que les eran totalmente ajenos. No merecen burla ni conmiseración. Se ríen de nosotros, sobre todo de los que no les hemos votado, con vulgar desprecio de señorito.

Comienzan los juicios contra el juez Garzón y la afición se divide. Los que son críticos con él destacan otros procesos del pasado con los que no están de acuerdo, pero cabría apuntar que no son aquellas supuestas irregularidades procesales las que le llevan al banquillo.

A mí no me cabe duda de que está siendo víctima de una persecución ideológica por parte de la judicatura. Le esperan tres procesos y lo irregular es que en ninguno de ellos existe acusación de la Fiscalía. Le han negado testigos y recusaciones, dándose la esperpéntica circunstancia de que alguno de los magistrados que tienen que juzgarle con “imparcialidad” le acusa en otro proceso donde, además, actuó de asesor de la acusación particular para que la demanda prosperara. ¡Ay, qué risa!

En fin, que en un país donde un juez que llama putas a las madres solteras, maricones a los homosexuales que deciden casarse, que veja a sus empleadas, es condenado a pagar 3.000 euros; donde un juez de Marbella que recibía sobornos a cambio de archivar casos es apartado temporalmente; donde se ha puesto en el Constitucional (a instancias del PP) a un magistrado relacionado con la represión del franquismo, que portaba pistola y la sacó en una riña de tráfico; que en ese mismo país, la Justicia pida 17 y 20 años de inhabilitación a Garzón por una cuestión de interpretación de la ley, huele muy mal.

Ante el lío que se ha armado, algunos exigen respeto por la Justicia. Yo lo tengo, y creo que más que algunos encargados de administrarla que nos obligan a vivir esta bochornosa farsa sectaria.