El Congreso de los Diputado va a aprobar hoy la toma en consideración del Proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Yo voy a votar Sí en conciencia. ¿Por qué? Pues creo que JSE lo resumía muy bien:< ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Porque refuerza la Educación sexual y la prevención. Porque es la primera ley que se centra en el objetivo social de acabar con los embarazos no deseados y por tanto de reducir el número de abortos. Porque no es una ley proabortista,, sino una ley que pretende evitar los abortos desde el respeto y la confianza hacia las mujeres y los jóvenes

Porque aplica la Despenalización. Se despenaliza < ?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Ninguna mujer correrá el riego de poder ir a la cárcel por interrumpir voluntariamente su embarazo. Se acabaron casos como el Isadora, vivido en los últimos meses.

Porque garantiza el Derecho a decidir. Se reconoce el derecho de la mujer a decidir de manera libre, responsable e informada sobre su propia maternidad, eliminando tutelas y trámites que sólo tienen a hacer todavía más difícil y traumática una decisión que por sí misma ya lo es.

Porque da Claridad. Se trata de una legislación que al combinar plazos con supuestos, marca claramente cuándo y en qué circunstancias puede una mujer someterse a una interrupción voluntaria de su embarazo.

Porque marca cuatro objetivos fundamentales:

En primer lugar, Igualdad en la libertad. Se eliminan las diferencias territoriales a la hora de acceder a la prestación. Se trata de un derecho de la mujer, y las Administraciones Públicas competentes tienen la obligación de garantizar este servicio de manera gratuita a todas las mujeres que lo soliciten y que estén dentro de los límites que marca la ley.

En segundo lugar, Seguridad: La ley garantiza la seguridad jurídica a todas las mujeres que se someten a una interrupción voluntaria de su embarazo dentro de los plazos y supuestos que marca, y también a los profesionales que participan en la intervención. Además, también vela por la seguridad de la mujer embarazada y por la del no nacido. Incrementa la información que se da a la mujer embarazada, aumenta las ayudas a la maternidad, y estipula claramente cuándo y en qué circunstancias se puede practicar una interrupción voluntaria del embarazo.

En tercer lugar, Dignidad de las mujeres que interrumpen su embarazo: La nueva regulación acaba con los supuestos cajón de sastre y los vacíos legales de la actual ley que tanta inseguridad crean y que, en muchas ocasiones, ha atentado contra la dignidad de las mujeres a la hora de tomar la decisión de interrumpir su embarazo. El proyecto de ley elimina la necesidad de justificar una decisión tomada desde la responsabilidad y el conocimiento informado, sometiendo a la mujer a exámenes físicos o psicológicos para que terceros corroboren que ese embarazo les causa un perjuicio en su salud física o mental y decidan por ella sobre la idoneidad o no de ese embarazo.

En cuarto lugar, Prevención: La ley prevé la puesta en marcha de una Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que incluye la puesta en marcha de medidas informativas y preventivas a implantar desde la educación obligatoria, con el fin de garantizar el disfrute de una sexualidad sana, plena y saludable, y luchar así en pro de la reducción del número de embarazos no deseados, lo que sin duda permitirá reducir las interrupciones voluntarias del embarazo que se practican en nuestro país.

También porque todos los países de la Unión Europea donde se han puesto en marcha una ley de IVE que combina plazos con supuestos, acompañada de una estrategia de salud sexual y reproductiva, han descendido el número de abortos.

Porque se trata de una legislación que homologa nuestro marco legal con el de la inmensa mayoría de los países europeos.

Y voto Sí en conciencia al derecho a decidir de las mujeres mayores de 16 por Coherencia.< ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Por coherencia con la actual legislación en materia de salud. La legislación actual ya reconoce a una mujer de 16 años el derecho a decidir sobre todas las cuestiones médicas que le atañen, salvo tres excepciones: aborto, técnicas de reproducción asistida y ensayos clínicos. Por ejemplo, una mujer de 16 años con cáncer puede decidir sobre si lo trata o no (es decir, puede decidir sobre su vida), también puede decidir si se somete a cualquier tipo de intervención quirúrgica (puede decidir si recibe un transplante o no, si dona un órgano, si se somete a una operación a corazón abierto…). En definitiva, actualmente, puede decidir sobre todo lo que le afecta en su vida y en su salud, pero no sobre su maternidad. En este caso, la sociedad le dice que decida un tercero por ella.

Por coherencia en el ámbito de las responsabilidades laborales. Una mujer de 16 años emancipada pueda decidir sobre su futuro académico y profesional, abandonar sus estudios e incorporarse al mercado laboral. De modo que asume todo tipo de responsabilidades fiscales, laborales, sociales. El Estado le reconoce capacidad para todo, menos para decidir sobre su propia maternidad.

Por coherencia en el ámbito de las responsabilidad penal. Porque una mujer de 16 años es considerada suficientemente madura para ser responsable penal de sus actos, y como se consecuencia de ello puede ser internada en un centro de menores si comete un delito, tal y como ocurriría en estos momentos si se sometiera a una interrupción voluntaria del embarazo fuera de los casos permitidos por < ?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />la Ley. Pero al mismo tiempo a esa misma mujer no se le reconoce madurez para decidir por sí misma sobre su maternidad.

Por coherencia en el reconocimiento de derechos sexuales. El Derecho penal reconoce que a los 13 años un menor tiene madurez suficiente para decidir sobre su sexualidad, por lo tanto, parece razonable que también se reconozca la facultad para tomar decisiones sobre las consecuencias de sus relaciones sexuales, y por tanto para decidir sobre su maternidad.

Por coherencia en el ámbito de las responsabilidades y derechos reconocidos en el Código Civil. Según el Código Civil, una mujer de 16 años puede casarse si está emancipada, y sin embargo a esa misma mujer no se le reconoce el derecho a decidir sobre su propia maternidad.

Por respeto al derecho a la intimidad y a la libertad de las mujeres jóvenes. Para una mujer de 16 años, la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho personalísimo que afecta a su intimidad y a su libertad, por lo que debería estar excluido del ejercicio de la patria potestad, tal y como establece el Código Civil en su artículo 162.1.

Por conseguir Derechos y obligaciones al mismo nivel de exigencia. Una mujer de 16 años será responsable y tendrá más y mejor capacidad de decisión si está mejor informada y educada por la sociedad y su entorno. Es una responsabilidad de todos, Administraciones Públicas, educadores, padres, y de ellos mismos conseguir que jóvenes y adolescentes estén a la altura de lo que se espera de ellos, y esto pasa por situar derechos y obligaciones a un mismo nivel de exigencia, por dotarles de las herramientas para elegir, y elegir bien, y hacerles saber que su futuro dependen fundamentalmente de las decisiones que tomen, porque para eso reclaman para sí respeto y confianza.

Porque la falta de decisión provoca clandestinidad. Una mujer de 16 años necesita que se respeten y tengan en cuenta sus decisiones. En caso de que esto no ocurra, que no tenga ni voz ni voto a la hora de decidir sobre su propio presente y futuro, puede darse el caso de que recurra a “soluciones” que pueden poner en peligro su propia integridad física y psíquica.

Porque las jóvenes han de ser y sentirse responsables de su propio futuro. Se trata de una medida pensada para casos extremos. La mayoría de las mujeres de 16 años no querrán estar desamparada y pasar solas por una interrupción del embarazo, pero en el caso de que sus circunstancias familiares, morales o ideológicas la obliguen a tomar una decisión de esas características en solitario, necesitará el respaldo de la ley y de la sociedad.

Por confianza. La confianza y el respeto mutuo han de ser la base de las relaciones intergeneracionales. Es necesario que los adultos, que la sociedad en general, que considera a las mujeres mayores de 16 años responsables de la mayor parte de sus actos confíe en su capacidad para tomar una decisión trascendental y que afecta directamente a su futuro. Mostrar confianza en la madurez de aquéllas a las que se les pide que se comporten de forma responsable y madura.

Ayer el Pleno de las Cortes Valencianas designaron a la socialista Leire Pajín como Senadora autonómica en un “acto de normalización democrática”, según ella misma declaró tras la votación. < ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Los Senadores del PSPV-PSOE y yo mismo acompañamos a Leire Pajín y a José María Ángel. Podría decir mucho sobre el tema, pero creo que la nota emitida por el PSOE describe muy bien el momento vivido ayer y la denuncia de la actitud del PP en estos meses:

En declaraciones a los medios de comunicación tras su designación, la secretaria de Organización del PSOE aseguró que servirá a los valencianos y valencianas “con orgullo, con sentido de Estado y con la satisfacción de saber que, por fin, podemos representarles como se merecen y cumplir la función que nos ha otorgado la Constitución”.

Una vez que tome posesión de su escaño, la Cámara Alta y el grupo parlamentario socialista contarán “con todos y cada uno de sus miembros” después de un proceso de designación que se ha dilatado por el bloqueo institucional por parte del Partido Popular, algo que “nunca debería haber ocurrido y espero que jamás vuelva a ocurrir”, en palabras de Pajín que han sido compartidas por la Portavoz del PSOE en el Senado, Carmela Silva, quien ha estado acompañando a la Secretaria de Organización en Valencia.

Pajín ha manifestado su compromiso con los valencianos y valencianas y ha asegurado que “siempre me he enorgullecido de representar a los ciudadanos de mi tierra, en donde he crecido y donde he militado” a partir de ahora como senadora, y anteriormente como diputada.

Se ha referido además a las que serán sus primeras votaciones en el Senado, entre las que estarán los Presupuestos Generales del Estado para 2010 que tienen “un compromiso muy firme con la comunidad valenciana”. En este sentido ha dicho sentirse “orgullosa” del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero porque es el que “más compromiso y más inversiones ha traído a esta comunidad”.

La designación de Leire Pajín como senadora territorial pone fin a más de seis meses de proceso desde que los socialistas valencianos la propusieran para el cargo en sustitución del senador Andrés Perelló, quien dejó el escaño el pasado mes de mayo para integrar las listas del PSOE para los comicios europeos del 7 de junio.

Desde ese momento, el PSOE vino denunciando por distintos cauces el bloqueo –sin precedentes en democracia- al que el PP sometió esta designación.

Por su parte, Carmela Silva, se ha felicitado por el fin del bloqueo del PP señalando “que es un buen día para la democracia que se ha acabado imponiendo a la sinrazón del PP”.

La portavoz socialista del Senado ha dicho además que “esperamos que sea una lección aprendida que no se vuelva a repetir, aunque hoy es un día para felicitarse porque al fin los valencianos cuentan en el Senado con la representación que nos corresponde”.