Ayer se aprobó la reforma de Ley de Ordenación del Comercio Minorista. He tenido la suerte de formar parte de un buen equipo de trabajo de ponentes del Grupo Parlamentario Socialista. Han sido meses de reuniones con colectivos, con representantes autonómicos y con otros grupos parlamentarios. Félix Larrosa ha sido el Ponente y coordinador del equipo del Grupo Socialista y artífice de un amplio consenso. Sólo el PP se ha quedado fuera.< ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
No se puede consensuar dos modelos, uno de libertad total, con otro que apuesta por eliminar barreras al crecimiento de toda la oferta comercial, al tiempo que, tal como permite < ?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />la Directiva Europea, se establecen criterios de interés general que deben tenerse en cuenta. En esos criterios hemos destacado dos nuevos, como es el planeamiento y el derecho de los consumidores a elegir. El PP dijo que eso era una nueva barrera.
A continuación trascribo la nota que ha editado el Grupo Socialista:
Félix Larrosa, portavoz socialista en Comercio y Turismo explica que el Proyecto de Ley de Ordenación del Comercio Minorista “dinamizará el sector comercial, clave para la economía española”. Una Ley que pretende adaptar nuestra legislación a la Directiva europea de servicios en el ámbito de la distribución comercial.
Este Proyecto de Ley ha sido aprobado hoy en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, con competencia legislativa plena, y el apoyo de todos los grupos menos el PP, a pesar de que el Grupo Socialista le ha tendido la mano. La iniciativa continuará ahora su tramitación en el Senado.
La finalidad de esta iniciativa es facilitar el libre establecimiento de servicios comerciales en España y en Europa y adecuar su contenido al constante proceso de globalización de la economía. Larrosa hace hincapié en que la ley “será una gran oportunidad para la gestión de la distribución comercial porque generará inversiones por 4.000 millones de euros, además su aplicación supondrá una mayor liberalización y mejor regulación del sector y la generación de hasta 50.000 puestos de trabajo, reducirá costes y trámites e incrementará la seguridad jurídica”.
La Ley modifica la regulación comercial minorista en muchos aspectos para adaptarla a una Directiva comunitaria. Entre ellos, recoge el principio de libertad de establecimiento y se elimina la obligatoriedad de la licencia comercial pero se podrá establecer un régimen de autorización por razones imperiosas de interés general relacionadas con la distribución comercial (medioambientales, urbanísticas o del patrimonio histórico).
Larrosa destaca que “esta ley es totalmente respetuosa con las competencias de las Comunidades Autónomas”.Esto supondrá el adelantamiento del inicio de la actividad comercial ahorrando costes a los operadores.
Crecimiento sostenible
El ponente socialista ha hecho hincapié en que “favorecerá el crecimiento sostenible, la cohesión social y la calidad de vida de los ciudadanos porque promueve un modelo comercial que genera vida en las calles, evita la fragmentación de los espacios en las ciudades y promueve las oportunidades de los consumidores ante una oferta comercial equilibrada y diversificada”.
El portavoz socialista ha explicado que “estamos ante un sector que ha experimentado cambios notables en las últimas décadas y que ha recibido un impulso notable por parte de este Gobierno, primero, con el Plan de Mejora de la Calidad en el Comercio, y ahora, con el Plan para la Mejora de la Productividad y Competitividad”.
Larrosa ha asegurado que gracias a este Plan, que se desarrolla mediante la participación y complicidad de los gobiernos autonómicos y de las administraciones locales, “este Gobierno establece como ejes estratégicos el fomento del comercio urbano, la mejora del comercio rural, el fomento de la cooperación empresarial, la calidad y seguridad en los establecimientos comerciales, el relevo generacional y la información y la formación del sector”.
Asimismo, ha explicado que su tramitación de forma separada e independiente a otras iniciativas, “obedece al compromiso que existe ante la Comisión Europea y ante las Comunidades Autónomas, y además, da continuidad precisamente a la legislación comercial española”. Además, en este Proyecto “viene a concretar el régimen general de autorizaciones y no solo no se limita a reproducir los principios de la Directiva sino que los concreta y aplica al ámbito de la distribución comercial”, tal y como ha puesto de manifiesto el Consejo de Estado en su dictamen, que ha considerado que “la transposición realizada se ajusta a la Directiva y a los mandatos europeos con pleno respeto a las competencias de las CCAA”.
Libertad de Establecimiento
Con la nueva Ley, la instalación de establecimientos comerciales no estará sometida autorización y las excepciones se ajustan a la Directiva. Además, se incorporan criterios de simplificación administrativa como la integración en un sólo procedimiento de todos los trámites necesarios, se liberaliza la prestación de los servicios de venta automática y se simplifican las condiciones de acceso para la actividad de franquicia y venta a distancia, y se adecua el régimen de autorización de la venta ambulante entre otros aspectos.
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